El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Central de Aguas han informado que se intensificará la vigilancia contra los vertidos ilegales, recordando que continúa en vigor la Ordenanza Municipal reguladora de Vertidos a la Red de Alcantarillado en Priego de Córdoba, una normativa que tiene como objetivos proteger la salud pública, garantizar el correcto funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y conservar el entorno natural.
La ordenanza prohíbe expresamente los vertidos de aguas residuales, así como de residuos sólidos o líquidos que puedan dañar la red, perjudicar la depuradora o afectar a la calidad ambiental de los cauces. Todas las edificaciones, industrias o explotaciones, tanto públicas como privadas, que viertan o vayan a verter aguas a la red de alcantarillado deben disponer de la autorización municipal correspondiente. En el caso de vertidos de origen industrial, será necesaria una autorización específica de vertido expedida por el Ayuntamiento, cuya solicitud deberá presentarse de forma paralela a la licencia de actividad.
La normativa recoge definiciones básicas relacionadas con los vertidos y la red de saneamiento, incluyendo conceptos como aguas residuales (domésticas, industriales y pluviales), vertidos residuales, autorizaciones de conexión y de vertido, acometidas, descargas prohibidas y elementos de la red de alcantarillado público.
En coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local, se realizarán controles en distintos puntos del término municipal con el objetivo de detectar vertidos ilegales y garantizar el cumplimiento de la ordenanza. El texto completo puede consultarse en el siguiente enlace: Ordenanza Municipal reguladora de vertidos.
Las infracciones contempladas se clasifican en:
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Leves: apercibimientos o multas de hasta 150 euros.
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Graves: multas de hasta 900 euros y posible suspensión de la actividad durante un año.
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Muy graves: multas de hasta 1.800 euros, suspensión de la actividad por dos años o retirada de la licencia municipal.
Además, los responsables deberán reparar los daños ocasionados y resarcir económicamente al Ayuntamiento, a la Central de Aguas y a los particulares afectados.
Los vertidos no autorizados tienen consecuencias directas en la depuradora de Priego de Córdoba, ya que alteran los procesos de depuración y elevan los costes de mantenimiento. Asimismo, generan efectos indirectos perjudiciales para el entorno natural, poniendo en riesgo la calidad de los cauces, la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos.
El presidente del Área de Hacienda y concejal delegado, Antonio Navas, ha señalado que “se está estudiando endurecer aún más la Ordenanza, con el fin de que tenga un mayor efecto disuasorio y se garantice la preservación de nuestro medio natural”.
El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y empresarial para cumplir con la normativa, recordando que su aplicación resulta fundamental para proteger la salud pública, asegurar el buen funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento y preservar el entorno natural.
