Más de una década llevan esperando el pago de sus terrenos la mayoría de los propietarios de los terrenos expropiados por la Junta de Andalucía para la construcción de la variante norte de Lucena en la A-331.
En el año 2007 la Junta adjudicaba la redacción del proyecto técnico de esta infraestructura. En 2008 la Junta dictó la utilidad pública de estos suelos y un año más tarde la administración socialista de la Junta de Andalucía iniciaba la firma de las actas de ocupación de estos suelos, en su mayoría fincas de olivar en producción. Fue entonces cuando comenzó una espera que para la mayor parte de los 116 afectados se prolonga hasta hoy.
Y es que aunque los trabajos fueron adjudicados en 2010 por un importe de 7,3 millones de euros, la crisis obligó a ir aplazando la obra hasta 2017, entrando en funcionamiento en 2020.
Las cantidades que adeuda la administración andaluza a estos propietarios son muy variadas –en función de la superficie y naturaleza de los terrenos ocupados– aunque en algunos casos llegan a superar los 20.000 euros. Algunos de ellos decidieron denunciar el impago y reclamar a la Junta de Andalucía los intereses de demora correspondientes. Otros no lo hicieron. Esta semana, la formación política Podemos ha denunciado que solo 46 de esos 126 han percibido el importe de sus suelos , los demás siguen sin información sobre el estado del trámite de pago.
CRÍTICAS DE PODEMOS
La diputada de Unidas Podemos por Córdoba y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, junto con el responsable provincial de Podemos Córdoba, José Antonio Ranchal, se han reunido con los afectados y considera que “esto es un atropello contra el derecho de estas personas y que además supone una discriminación”.
Martina Velarde critica que la Junta aún no haya abonado los pagos e insta a la Junta “a que se ponga manos a la obra y pague por fin con sus intereses de demora lo que les corresponde”. “Durante estos años no han podido tener cosecha ni producción, pero tampoco se les paga” señala la diputada. Por su parte José Antonio Ranchal, exige que “la Junta deje de timarlos y que explique cuándo van a cobrar”.
Desde Unidas Podemos presentaron en julio una batería de preguntas en el Parlamento Andaluz para pedir información sobre el estado de los expedientes, pero a día de hoy no han recibido contestación por parte del Gobierno Andaluz. A la espera de respuesta, Velarde asegura que “apoyaremos todas las reivindicaciones y las acciones que hagan los vecinos y vecinas, porque no es justo lo que están haciendo con ellos”.
