En una circular dirigida al censo colegial, se señala que la Administración de Justicia "está viviendo uno de sus periodos más críticos", sumando a la secular ausencia de recursos humanos y materiales y a una carga de trabajo inasumible que provoca inaceptables retrasos, los movimientos reivindicativos impulsados por los que en ella colaboran.
Señalan los abogados que "después de ocho semanas en una huelga que prácticamente la paralizó, otra en cadena amenaza con el caos total", con lo que ello supone para este servicio público, planteando "un escenario crítico que está afectando gravemente a la ciudadanía y a quienes tenemos del deber constitucional de su asistencia jurídica y defensa".
Según señala el Colegio de Abogados de Lucena, esta situación se traduce en "miles de quejas de la ciudadanía por el nefasto servicio público de Justicia y por el injusto servicio que reciben, sin poder ofrecer ninguna justificación razonable, lo que supone una grave vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva".
A ello hay que añadir que la paralización de procedimientos y actuaciones judiciales está suponiendo "que muchos compañeros y compañeras dejen de trabajar o disminuyan considerablemente su actividad profesional, planteándose incluso el cierre de sus despachos" o que los abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, vean aún más deterioradas las condiciones "precarias e indignas" en las que desarrollan su trabajo.
La convocatoria, bajo el lema "En defensa de la Justicia, por la ciudadanía y la Abogacía", se desarrollará el próximo día 28 de junio a las 10:30 horas en la puerta de los juzgados de Lucena, con objeto de reivindicar el cese de la actual paralización del servicio público y su inmediata reactivación, así como exigir la definitiva adopción por los responsables de un Pacto de Estado que conduzca a la adopción de medidas que supongan una reforma profunda y duradera de la Justicia, una reforma que la transforme en un verdadero servicio de calidad. A la concentración han sido invitados también los procuradores, graduados sociales, administradores de fincas, organizaciones de consumidores y los propios ciudadanos.
