El AMPA “El parque” y el equipo directivo del CEIP “Nuestra Señora de Araceli” han expresado a través de un comunicado de prensa su temor ante la posibilidad de que la posición de los grupos de la oposición municipal –contrarios a que se ejecuten con fondos municipales las obras de adaptación de un edificio del citado centro para su uso como comedor– puedan poner en peligro el proyecto "al no poderse respetar el acuerdo asumido por el Ayuntamiento de Lucena" con la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.
El Consejo Escolar del centro, por unanimidad, envió el pasado 26 de abril un escrito a los representantes de todos los grupos políticos pidiéndoles búsqueda de soluciones para evitar la pérdida del comedor escolar. La comunidad educativa del centro señala que la adecuación del edificio es un proyecto "que entendemos no es de interés general, como no lo son la mayor parte de los proyectos municipales, si bien mejoran la calidad de vida de un grupo numeroso de ciudadanos" y recuerdan que en el centro están escolarizados más de 725 alumnos "que en muchos casos requieren ese servicio –comedor o aula matinal– de forma permanente o puntual".
Del mismo modo indican que, pese a que la inversión necesaria "se ha elevado sobre la inicialmente prevista" –se habla de casi 150.000 euros frente a una previsión inicial de entre 30.000 o 40.000 euros– "la verdadera inversión se iniciará cuando los servicios se pongan en marcha" y consideran que "la adecuación del edificio es en cualquier caso inversión mínima comparada con el gasto de personal, mobiliario, mantenimiento y sobre todo subvenciones del 75%, 50% , 25% en el gasto de alimentación que cada mes debe asumir la Consejería de Educación, ya que el pago de dichos servicios se realiza de acuerdo al nivel de renta de las familias siendo totalmente gratuitos para las rentas más bajas".
Para los padres y el equipo directivo del colegio "paralizar un proyecto que ya ha sido anunciado en el mes de febrero y al que, en su momento, ningún grupo político manifestó su disconformidad, también perjudica a las familias que han contado con él y que han solicitado plaza escolar en el centro contando con este servicio y que ahora se encuentran en situación de desamparo".
En el comunicado se señala que "las mejoras de las infraestructuras educativas deben ser motivo de regocijo para los políticos locales, ya que son una inversión a largo plazo que disfrutarán generaciones de lucentinos y lucentinas" por lo que la comunidad educativa del CEIP “Nuestra Señora de Araceli” concluye "esperando que las afirmaciones de todos nuestros políticos municipales sobre el deseo de crear el comedor escolar no queden en una declaración de intenciones", asegurando que "lo demás es poner en peligro un proyecto que ahora estaba a las puertas de ser una realidad".
En el escrito se indica que este proyecto lleva nueve años gestándose, con continuas reclamaciones a la Administración educativa, más insistentes en los últimos cuatro cursos al darse la circunstancia de que en el colegio están quedando espacios libres al reducir el centro una línea completa. Los padres hacen suyo el argumento esgrimido por el equipo de gobierno, que ha argumentado que "la Junta de Andalucía construye comedores escolares priorizando las zonas donde no existe dicho servicio, como es el caso de Rute donde ningún centro educativo ofrece ese servicio, mientras en Lucena "existen cinco comedores escolares y, por tanto, el crear uno nuevo no es una prioridad", dándose en otros pueblos andaluces con situaciones similares a ésta "fórmulas de cooperación entre instituciones para hacer realidad comedores escolares".
Este jueves, a las 14:15 horas, ha sido convocado el pleno solicitado por todos los grupos de la oposición para el debate de su moción conjunta proponiendo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la construcción y financiación de comedor escolar en el C.P. "Virgen de Araceli" con sus propios fondos y ofertando la posibilidad de que el Ayuntamiento adelante el dinero para tal fin, asumiendo la administración autonómica el compromiso de devolverlo en un plazo inicialmente fijado en un año, que algunos partidos ya han expresado la posibilidad de ampliar.
