MEDIO AMBIENTE

PRIEGO: EQUO reclama una gestión publica del agua en Priego y hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma Priego, Agua y Desarrollo

El partido verde comparte las reivindicaciones de la Plataforma Priego, Agua y Desarrollo y recuerda que la privatización, parcial o total, de los servicios públicos ha provocado, en líneas generales, peores servicios y beneficios abusivos para las empresas

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photo_camera Oficinas Aguas de Priego

La formación ecologista EQUO ha aplaudido la presentación del informe de la Plataforma Priego, Agua y Desarrollo y comparte el triste diagnóstico que hace la misma del desolador panorama que la privatización parcial ha dejado en la localidad "con una deuda millonaria y sin mejoras en el servicio prestado a la ciudadanía". Por ello, se suma a la reclamación para remunicipalizar el servicio de agua, ya que entiende que un suministro tan básico y crecientemente escaso debe ser gestionado de forma sostenible y priorizando el bien común y no el beneficio corporativo.

Según Ana María Carnero, coportavoz provincial de EQUO, “es intolerable que la empresa Aqualia se haya embolsado varios millones de euros por, otros conceptos, intereses de un préstamo al Ayuntamiento que éste no dedicó a mejorar el suministro público de agua, sino a cubrir partidas corrientes municipales". Según Carnero "a la irresponsabilidad y falta de ética de la Corporación de 2010 se suma el carácter puramente financiero de parte de los beneficios de la empresa Aqualia. Igualmente, a estos intereses se suman los correspondientes impuestos, lo que significa que tanto el préstamo empleado por el Ayuntamiento, con su correspondiente rédito político inmediato, como los beneficios extras de la empresa, como las cargas fiscales se cargaron a las espaldas de las vecinas y vecinos de Priego durante años y años. No hay mejor ejemplo de pan para hoy y hambre para mañana, sólo que el pan se lo quedaron algunos y el hambre es para otros”.

Por su parte, Salustiano Luque, ha declarado que “en general, este y otros muchos casos de privatización de servicios públicos están demostrando suponer una pesadísima carga durante muchos años o décadas para la ciudadanía y la economía de ayuntamientos y comunidades.