Martes 19.06.2018

SUCESOS

LUCENA: La presunta discriminación salarial a tres empleadas de Energía Santamaría llega al Congreso y la prensa nacional

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha señalado esta mañana que "si las cosas son con se están diciendo, evidentemente no tengo más que expresar palabras de repulsa porque entiendo que la igualdad de oportunidades tiene que estar en todos los ámbitos". El jueves se celebrará una reunión entre empresa y sindicato.

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LUCENA: La presunta discriminación salarial a tres empleadas de Energía Santamaría llega al Congreso y la prensa nacional

El caso de presunta discriminación salarialen la empresa lucentina Aceites y Energía Santamaría,hecho público este fin de semana por el sindicato CCOO, se ha convertido ya en noticia de relevancia nacional e interés político. Desde TVE hasta los principales medios escritos y emisoras de radio se hacen hoy eco de la situación de las tres trabajadoras de esta empresa que –según CCOO– llevan seis meses sin cobrar los atrasos derivados de la entrada en vigor del nuevo convenio de industrias del aceite de la provincia de Córdoba, algo que sí habrían hecho los hombresque trabajan en la empresa, lo que supondría un claro caso de discriminación por razón de género en el ámbito laboral.

La secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, explicaba en un comunicado que en diciembre de 2017 se firmó el nuevo convenio colectivo de industrias del aceite con una vigencia de enero de 2015 a diciembre de 2019 y ha detallado que a efectos económicos las subidas salariales comenzaban en 2017. Así, CCOO ha señalado que el convenio establecía para el año 2017 "un incremento salarial del 1,5 por ciento a cobrar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de dicho año". Dichos atrasos debían ser abonados en el mes siguiente a la publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, de hecho, "los trabajadores de la empresa recibieron dichos atrasos mientras que las mujeres hasta la fecha no han cobrado dichos atrasos".

Para Ávalos, esta situación es "un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo" y ha lamentado que "a estas alturas todavía haya empresas y empresarios que crean que los hombres tienen más derechos que las mujeres por el mero hecho de ser hombres". Y es que, según CCOO, el argumento dado por la empresa para justificar esta situación habría sido que "el convenio dice trabajadores y no trabajadoras".

Además, la responsable sindical ha remarcado que "no se trata de una cuestión económica", ya que, de hecho, "las mujeres son una minoría en la empresa, sino de una cuestión de discriminación hacia las mujeres".

Sobre el tema también se han manifestado hoy los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, que han calificado al empresario como un "sinvergüenza y un golfo". Para Sordo, es "surrealista" la situación y considera que "no se sostiene desde ningún punto de vista". "Parece que procede de un diario satírico, es anacrónico y una absurdez que alguien pueda esgrimir tamaña tontería para no pagar los atrasos a tres mujeres", ha recalcado.

Álvarez, por su parte, cree que el empresario quiere hacerse una campaña de publicidad gratuita y considera que sería bueno que la Fiscalía de oficio interviniera ante "un atropello de estas características".

Hasta la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ha intervenido en el asunto, indicando en las redes sociales a pregunta de una usuaria que "quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones".

PREGUNTA AL GOBIERNO

Hoy, la diputada de IU en el Congreso Eva García Sempereha registrado una pregunta, dirigida al Gobierno de la Nación, para su respuesta escrita, en relación a la "discriminación laboral por sexo" que supuestamente sufren las empleadas de Aceites y Energía Santamaría S.L. . La diputada de IU quiere saber "la valoración que hace de este caso de discriminación laboral por razón de sexo, si ha tenido noticia de algún caso más de discriminación hacia las mujeres en este grupo empresarial español y por las medidas que va a tomar para acabar con la discriminación laboral y salarial de la mujer en España".

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha calificado de "vergonzoso que una empresa utilice una justificación tan burda para lesionar los derechos de las mujeres y de las trabajadoras". Sánchez Rubio ha dicho que le parece "mentira que para una vez que se aplica por parte de esta empresa una perspectiva de género, sea para cargar contra sus trabajadoras". En consecuencia y para la consejera, "lo que tiene que hacer" la empresa "es cumplir con su compromiso laboral y dejar el concepto de trabajadores y trabajadoras precisamente para que se definan los derechos de las mujeres y no para que se atropellen".

REPULSA DEL ALCALDE

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha señalado esta mañana que "si las cosas son con se están diciendo, evidentemente no tengo más que expresar palabras de repulsaporque entiendo que la igualdad de oportunidades tiene que estar en todos los ámbitos. Evidentemente, no tiene excusa ni sentido esa situación, aunque no tengo toda la información sobre este caso. La igualdad de oportunidades debe ser algo real y efectivo".

Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la opinión de la empresa sobre este asunto. Fuentes de CCOO han indicado a este periódico que, ante la presión mediática, la empresa ha concretado una reunión con los representantes sindicales el próximo jueves en la que podrían reconsiderar su postura. En similares términos se ha expresado Ana Díaz, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, indicando que, según sus datos, "la empresa va a rectificar y se va a echar atrás, en cuanto a no pagar a las trabajadoras, y próximamente va a incluir (en sus nóminas) estos atrasos, que debería haberles ingresado al mismo tiempo que a sus compañeros".

En cualquier caso y de seguir adelante con esta actitud, la empresa, según ha precisado la coordinadora del IAM, estaría "incumpliendo con la normativa laboral y eso, como es lógico, tiene unas consecuencias ante la Justicia", de modo que, "si sigue adelante con esa decisión", de pagar a sus empleados pero no a sus empleadas la actualización salarial recogida en el convenio provincial del sector, "las administraciones competentes tomaríamos las medidas necesarias para evitar esta discriminación".