El Colegio de Abogados de Lucena se ha sumado a las entidades que han adoptado diversos acuerdos dirigidos a disminuir los negativos efectos económicos que la pandemia del COVID-19 está ocasionando en la sociedad y, especialmente, en los colegiados adscritos a su Corporación así como en las residencias de ancianos y otros centros sociales de nuestra comarca.
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Entre las medidas adoptadas por su Junta de gobierno el pasado día 30 de marzo figura la contibución económica con cinco mil euros para las residencias de ancianos Nueva Aurora y San Juan de Dios, de Lucena, la residencia Juan Crisóstomo Mangas, de Rute, la de Santa Teresa de Jesús, de Benamejí y la residencia municipal de Iznájar, así como a la Asociación Comarcal Pro Personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli (AMARA), de Lucena.
Igualmente, en cuanto a los colegiados, se ha acordado un elenco de medidas que van desde la suspensión en el pago de cuotas para todos los colegiados hasta la creación de un fondo económico al que podrán acceder, con sometimiento a determinadas bases, los profesionales que ejercen la abogacía y que han visto paralizada de facto su actividad, siendo que en la mayoría de los casos es la única fuente de ingresos familiar. Este fondo se ha dotado con 250.000 euros, obtenidos en detrimento de otras actividades colegiales que se encontraban previstas y presupuestadas, en especial con las destinadas a la celebración del 150 aniversario de la creación del Colegio.
